OCUPACIÓN Y DENUNCIA EN EL MUSEO DE LOS “DERECHOS HUMANOS”

CONTRA LA VIOLENCIA DEL ESTADO CHILENO
Y LA IMPUNIDAD DE LAS CLASES DOMINANTES
OCUPACIÓN Y DENUNCIA EN EL MUSEO DE LOS “DERECHOS HUMANOS”
Pronto a conmemorarse un aniversario más del Día internacional y Declaración de los Derechos Humanos, las organizaciones sociales y políticas declaran:
Que desde 1990 el bloque en el poder ha venido imponiendo su discurso mentiroso al pueblo de Chile y a la comunidad internacional en cuanto a que se ha desarrollado una “transición ejemplar” desde una dictadura brutal y sanguinaria hacia el “imperio absoluto de los derechos humanos”.
Que la actual crisis de legitimidad que están padeciendo los poderosos, los grupos económicos dominantes y sus representantes políticos, en tensión constante producto de un significativo proceso de lucha del campo popular, de las luchas territoriales, de los estudiantes y de la clase trabajadora reivindicando sus demandas más sentidas, a provocado que estos sectores en el poder busquen diferentes formas de relegitimación, reacomodo y medios estéticos de oxigenación intentando confundir y ocultar al pueblo trabajador la más completa adhesión al actual sistema económico capitalista y modelo de dominación política, y que, en el campo de los derechos humanos, la más inescrupulosa administración de la impunidad y la más robusta represión y criminalización a los que luchan por verdaderas transformaciones estructurales en nuestro país.
Que este proceso -según los defensores del capitalismo- es ejemplo destacado para el mundo. Este planteamiento hipócrita ha llevado al Estado y a los diferentes Gobiernos de Chile a desarrollar acciones injerencistas en países soberanos de América Latina, como Venezuela y Cuba, y a guardar silencio en relación a los genocidios pro-imperialistas desarrollados en Palestina por parte de Israel, y en Siria, Libia, Irak y Afganistán por parte de EE.UU.
Las organizaciones firmantes de esta declaración, denunciamos una realidad de los derechos humanos y derechos populares diametralmente opuesta a las construidas por décadas:
Que desde 1990 hasta hoy no se ha llevado a cabo ninguna Transición a la Democracia ni menos se ha logrado el “imperio absoluto de los derechos humanos”. Lo que se ha impuesto ha sido la mantención, perfeccionamiento y profundización del sistema económico dominante, la robustez del Estado burgués policial y contrainsurgente, y la continuidad de las políticas de amarre de la dictadura. Sólo por dar algunos ejemplos: la privatización de la educación, la salud, la minería y recursos naturales, la seguridad social, el mar, los bosques y tierras, la superexplotación, abuso e impunidad de la clase dominante en contra de los trabajadores como también las políticas mezquinas de vivienda, son sólo pinceladas de una transición que se ha dirigido claramente hacia la búsqueda compulsiva de mayores tasas de ganancia para las clases dominantes y el aumento de la miseria para el pueblo trabajador.
Que durante estos decenios se ha mantenido el carácter antipopular y antidemocrático de las altas castas de las Fuerzas Armadas, incluso también realizando las mismas practicas de corrupción y delincuencia que los políticos en el poder. Pero no sólo estos sectores del poder económico, político y militar se han mantenido sacando ventaja a destajo del pueblo trabajador, sino que, además, son el instrumento fundamental para mantener el dominio de clase por sobre las mayorías populares: implementando la Doctrina de Seguridad Nacional y de una Policía Militarizada de Carabineros de Chile, que bajo la Doctrina de Seguridad Ciudadana, no hace otra cosa que criminalizar a los movimientos sociales y mantener el concepto de “ENEMIGO INTERNO” como política de Estado.
Lo anterior se demuestra con los más de 100 asesinatos cometidos por agentes del Estado durante estos años de “transición a la democracia”, como son los casos de Matias Catrileo, Alex Lemun, Alex Muñoz Hoffmann, Fabian Lopez Luque, Rodrigo Cisterna, Nelson Quichillao, Manuel Gutierrez y tantos otros. Es demostración también los numerosos casos de tortura perpetrados por la Policía Militarizada de Carabineros, la represión policial durante protestas sociales, casos de secuestro de dirigentes sociales, montajes policiales, allanamiento a campos universitarios, militarización del territorio Mapuche y el envío de camiones blindados (tanquetas) en la defensa de las forestales, el capital foráneo y criollo. Todos recordaremos los juicios contra comuneros mapuche, donde los “Testigos Sin Rostro” han sido validados por los Tribunales de Justicia, como también no olvidamos los más de 30 prisioneros políticos
como producto de montajes policiales-periodísticos.
Nos es fundamental también destacar el silencio y la complicidad del Estado y los diferentes gobiernos de Chile en la violación a los derechos humanos perpetrado por el Estado y Gobierno del Perú hacia el compatriota Jaime Castillo Petruzzi preso político en Perú desde 1993 que, al igual que Mauricio Hernández Norambuena detenido en Brasil desde 2001, son sometidos al más brutal e inhumano régimen carcelario (régimen de aislamiento prolongado) cuya finalidad no es otra que su aniquilamiento y una señal clara de impunidad y defensa de sus intereses de clase, a los que luchan por transformar esta sociedad injusta y desigual. Los presos políticos y la desaparición son la expresión más concreta de la política de las clases dominantes contra todos quienes intenten trastocar sus intereses y provilegios, como son los casos de Pacual Pichun, Aniceto Norin, Hector Llaitul, Alfredo Canales, Marcelo Villarroel, Juan Aliste Vega, y por cierto el emblemático caso de José Huenante.
La mantención de los privilegios para asesinos y torturadores condenados por Crímenes Contra la Humanidad, los cuales disfrutan hasta la actualidad de cárceles exclusivas y de lujo (Punta Peuco) son otra demostración de nuestra realidad nacional. Los escasos condenados que pertenecen, en algunos casos, a los altos mandos de los servicios de represión y exterminio de la dictadura, son verdaderos cantos de sirena de “justicia” dejando en la más plena impunidad a la gran masa de agentes y operadores civiles que también integraron dichos servicios.
Esto claramente contrasta con la existencia de la Cárcel de Alta Seguridad, la cual fue construida para el encarcelamiento de luchadores sociales como es el caso de Alfredo Canales, entre muchos otros.
En definitiva, la impunidad es una ley y realidad para la clase dominante y sus defensores, y es la más clara expresión de como la Violencia del Estado de los Poderosos se ha impuesto, convirtiendo en una caricatura las nociones de igualdad ante la Ley, el Juicio justo e imparcial, la Presunción de Inocencia, y el Derecho a la Protesta Social. Por todas estas razones, y las muchas más que podríamos enumerar, es que hemos decido desarrollar esta acción de protesta y denuncia en el “emblema de los derechos humanos de la vieja concertación y la vieja nueva mayoría”, para develar la real política y puesta en escena de la nueva Sub-secretaría de los Derechos Humanos, la cual sólo viene a bañar de bálsamo el abultado escenario de impunidad e injusticia que constituye a nuestro país.
¡FIN A LA IMPUNIDAD, CÁRCEL A LOS CRIMINALES Y CORRUPTOS!
¡EL ESTADO CHILENO AUN TORTURA, REPRIME Y ASESINA A LOS QUE LUCHAN!
¡LIBERTAD, JUSTICIA Y DIGNIDAD A LOS LUCHADORES Y COMBATIENTES DEL PUEBLO TRABAJADOR CONTRA LA DICTADURA!
¡REPRIMIR AL PUEBLO ES SIEMPRE UN DELITO. PROTESTAR ES SIEMPRE UN DERECHO!
Juventud Revolucionaria por el Poder Popular (JRP3)
Trabajadores al Poder
Frente Popular Miguel Enriquez (FPME)
Asamblea Territorial de Conchali
Vida y Libertad
Izquierda Guevarista
Frente de Trabajadores por el Socialismo (FTS)